La Contraloría General detectó inconsistencias graves en el proceso de inhabilitación de candidatos a policías del Ministerio de Seguridad.
Por qué importa
- Afecta la calidad del reclutamiento policial y la seguridad ciudadana si personas inhabilitadas logran ingresar al sistema.
- Evidencia falta de coordinación entre instituciones estatales y vulnerabilidades en los controles de contratación pública.
- Seis personas ya fueron contratadas en otras entidades pese a estar inhabilitadas, lo que compromete la transparencia del empleo público.
Contexto
De las 187 personas reportadas como inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad, 149 no aparecen registradas en la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP), según reveló la Contraloría General de la República. Esta discrepancia representa el 79.7% de los casos reportados. Aún más preocupante es que seis de estas personas inhabilitadas ya figuran contratadas en otras instituciones del Estado, lo que evidencia fallas sistémicas en los procesos de verificación. La PIEP es el sistema oficial que debe consolidar información sobre inhabilitaciones y contrataciones en el sector público costarricense. La Contraloría no especificó las razones de inhabilitación ni identificó las instituciones que contrataron a estas personas. Este hallazgo se produce en un contexto donde la profesionalización y depuración de los cuerpos policiales es una prioridad declarada por el gobierno actual.
Lo que sigue
La Contraloría debería emitir recomendaciones vinculantes para corregir el registro y verificar las contrataciones irregulares detectadas.