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Estancamiento de ley antilavado amenaza economía guatemalteca

El sistema financiero guatemalteco enfrenta una encrucijada crítica mientras la Iniciativa 6593, que busca modernizar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, permanece detenida en el Congreso de la República durante el período de receso legislativo.

El sistema financiero guatemalteco enfrenta una encrucijada crítica mientras la Iniciativa 6593, que busca modernizar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, permanece detenida en el Congreso de la República durante el período de receso legislativo. Esta parálisis legislativa no representa únicamente un trámite pendiente, sino una amenaza concreta contra la arquitectura económica del país que podría traducirse en encarecimiento del financiamiento internacional, fuga de capitales y deterioro de la competitividad nacional.

El riesgo más inmediato radica en la posibilidad de que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un registro de jurisdicciones consideradas deficientes en sus controles contra el lavado de activos. Sergio Recinos, ex gobernador del Banco de Guatemala, ha advertido que esta clasificación desencadenaría consecuencias en cadena: los bancos internacionales endurecerían las condiciones para operaciones con instituciones guatemaltecas, elevando tasas de interés y exigiendo garantías adicionales. Este encarecimiento del crédito externo no afectaría únicamente a grandes corporaciones, sino que se trasladaría a empresas medianas y pequeñas que dependen del financiamiento para capital de trabajo, expansión o importación de insumos.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana ha manifestado su preocupación mediante comunicados oficiales, instando a los legisladores a retomar el proceso de aprobación por artículos y avanzar hacia la redacción final del texto. La entidad empresarial subraya que la iniciativa, que ya superó el tercer debate, representa la actualización más significativa del marco regulatorio financiero en más de dos décadas. La normativa vigente data de hace 25 años, una eternidad en términos de evolución de delitos financieros, técnicas de ocultamiento de recursos ilícitos y estándares internacionales de supervisión bancaria.

Desde la perspectiva técnica, la Superintendencia de Bancos ha mantenido una posición de acompañamiento activo al proceso legislativo, enfatizando que las obligaciones actuales de prevención permanecen vigentes pero resultan insuficientes ante la sofisticación de las operaciones de lavado contemporáneas. La Intendencia de Verificación Especial de esa institución ha trabajado coordinadamente con el Ministerio de Finanzas y comisiones legislativas para garantizar que el texto final mantenga coherencia técnica y alineación con estándares del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que evaluará a Guatemala en 2027.

Las 14 enmiendas propuestas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso han generado debate sobre el equilibrio entre rigurosidad en controles y operatividad práctica para el sector financiero. La Superintendencia de Bancos ha respaldado estas modificaciones al considerar que preservan el núcleo técnico de la normativa sin comprometer su efectividad. Sin embargo, la demora en su aprobación final expone al país a un período de incertidumbre que los mercados internacionales interpretan como debilidad institucional o falta de voluntad política para combatir actividades ilícitas.

El impacto sobre la inversión extranjera directa constituye otra dimensión crítica del problema. Los fondos de inversión internacionales y las corporaciones multinacionales evalúan no solamente indicadores macroeconómicos o disponibilidad de mano de obra al decidir ubicación de operaciones, sino también la solidez del entorno regulatorio y el riesgo reputacional asociado con jurisdicciones percibidas como permisivas ante el lavado de capitales. Una inclusión en la lista gris del GAFI funcionaría como señal negativa que alejaría proyectos de nearshoring, expansión manufacturera o establecimiento de centros de servicios compartidos que actualmente evalúan a Centroamérica como destino estratégico.

La generación de empleo formal también quedaría comprometida en este escenario. Las empresas que dependen de cadenas de suministro globales o que exportan hacia mercados con estrictos controles de cumplimiento normativo enfrentarían barreras adicionales si sus operaciones se originan en un país señalado por deficiencias en prevención de lavado. Certificaciones internacionales, acuerdos comerciales y facilitación aduanera podrían verse afectados indirectamente, erosionando ventajas competitivas que Guatemala ha construido durante años en sectores como textiles, alimentos procesados o call centers.

La experiencia regional ofrece lecciones valiosas sobre las consecuencias de la inacción legislativa en esta materia. Países que han experimentado inclusión en listas grises han registrado incrementos inmediatos en spreads de bonos soberanos, encarecimiento de seguros para operaciones comerciales y retiro temporal de líneas de crédito comercial por parte de bancos corresponsales internacionales. Estos efectos no son meramente técnicos o limitados al sector financiero: se traducen en menor liquidez para la economía real, contracción del comercio exterior y pérdida de dinamismo económico que eventualmente afecta recaudación tributaria y capacidad del Estado para financiar programas sociales.

El desafío inmediato para el Congreso de la República consiste en retomar el proceso legislativo con sentido de urgencia pero sin sacrificar calidad técnica. Las enmiendas propuestas deben someterse a escrutinio riguroso para garantizar que fortalezcan la operatividad de la ley sin crear vacíos que la vuelvan inefectiva o generar cargas desproporcionadas que dificulten la operación legítima del sistema financiero. El equilibrio entre prevención efectiva del lavado y facilitación de actividad económica lícita representa el núcleo de cualquier regulación exitosa en esta materia, y Guatemala tiene la oportunidad de establecer un estándar regional si logra aprobar una normativa robusta, implementable y alineada con mejores prácticas internacionales antes de la evaluación de GAFILAT programada para 2027.


Con información de La Hora. Fuente original: La Hora

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