La CIDH publicó una resolución que vincula las políticas fiscales de los Estados con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Por qué importa
- Los gobiernos de América Latina deberán evaluar cómo sus decisiones tributarias y presupuestarias afectan a grupos vulnerables antes de implementarlas.
- La resolución establece que las políticas fiscales no son solo herramientas económicas, sino instrumentos que pueden reducir o ampliar desigualdades.
- Costa Rica y otros Estados tendrán una referencia vinculante para diseñar reformas fiscales que protejan servicios esenciales como salud y educación.
Contexto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron la Resolución 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas. El documento establece que las decisiones tributarias, presupuestarias y de endeudamiento público están vinculadas con obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Javier Palomo, Relator Especial, explicó a Semanario Universidad que las políticas fiscales determinan qué recursos pueden movilizar los Estados, cómo los distribuyen y qué servicios financian. Estas decisiones, señala la resolución, pueden fortalecer o debilitar el acceso a salud, educación, vivienda, agua y alimentación. La resolución brinda orientaciones basadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y otros instrumentos interamericanos. Aunque no prescribe un modelo económico específico, establece estándares para que las políticas fiscales sean diseñadas, implementadas y evaluadas bajo principios de derechos humanos, con énfasis en transparencia y protección de grupos históricamente discriminados.
Lo que sigue
Los Estados deberán incorporar estos estándares en futuras reformas fiscales y presupuestarias bajo escrutinio internacional.