Ley antilavado enfrenta bloqueo legislativo y riesgo GAFI

El Congreso de la República enfrenta este martes una nueva prueba sobre su capacidad de aprobar legislación estratégica para el país. A las 14 horas está programada la sesión plenaria en la que los 160 diputados deberán decidir si avanzan con la aprobación de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, una normativa cuya demora coloca a Guatemala en riesgo de sanciones internacionales.

El precedente no resulta alentador. Durante la sesión de la semana anterior, el hemiciclo no logró reunir los 107 votos necesarios para siquiera poner el tema en discusión. Diputados de bloques como Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza y Cabal optaron por retirarse del salón, impidiendo alcanzar el cuórum requerido. Tras varios minutos de espera infructuosa, la mesa directiva levantó la sesión sin avances concretos, evidenciando las profundas fracturas que persisten en el hemiciclo respecto a esta reforma.

Las explicaciones públicas ofrecidas por los legisladores ausentes apuntaron hacia supuestas deficiencias técnicas: enmiendas pendientes de análisis, cambios no consensuados y falta de socialización del dictamen. Sin embargo, versiones extraoficiales sugieren que algunos diputados condicionaron su respaldo a intercambios políticos más amplios, incluyendo una eventual reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que otorgaría al Ejecutivo facultades para remover al fiscal general. Ningún legislador admitió públicamente esta exigencia, pero el fantasma de las negociaciones paralelas sobrevoló la discusión y generó desconfianza entre sectores que impulsan la reforma antilavado.

La Comisión de Economía, encabezada por el diputado Jorge Ayala, intentó despejar el camino mediante múltiples mesas de trabajo diseñadas para consensuar las enmiendas propuestas. Pese a estos esfuerzos, los acuerdos no cristalizaron y el dictamen llegó al pleno con resistencias activas de diversos bloques. El panorama para la sesión de hoy replica esas tensiones, y existe una posibilidad real de que la discusión quede nuevamente suspendida, trasladándose así al período de receso parlamentario que inicia el 16 de mayo y se extiende hasta el 31 de julio.

Esa demora añade complejidad al proceso legislativo, ya que durante el receso los diputados suelen convocar únicamente dos sesiones extraordinarias, el mínimo constitucional para mantener el cobro de sus dietas. En la práctica, esto significa que la ley podría permanecer congelada durante casi tres meses, justo en el momento en que el país enfrenta presiones crecientes de organismos internacionales especializados en combate al crimen financiero.

Guatemala se encuentra bajo el escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional y de su brazo regional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Ambas entidades han advertido que el marco legal guatemalteco contra el lavado de dinero resulta obsoleto, sustentado en decretos aprobados en 2001 y 2005 que no responden a las tipologías criminales actuales. El país ya se encuentra bajo seguimiento intensificado debido a deficiencias persistentes en su régimen de prevención, y la próxima evaluación formal está prevista para 2027.

Si Guatemala no logra actualizar su legislación durante 2026, las probabilidades de ingresar a la denominada lista gris aumentan considerablemente. Ese registro agrupa a países bajo vigilancia reforzada por fallas en sus sistemas de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las consecuencias de tal inclusión no son meramente simbólicas: expertos del sector financiero advierten sobre la pérdida de corresponsalías bancarias, incremento en los costos para confirmar cartas de crédito, restricciones en transacciones internacionales y un deterioro reputacional que podría tardar años en revertirse.

El sector privado, particularmente la banca y las empresas exportadoras, ha expresado preocupación por el estancamiento legislativo. Técnicos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales han respaldado públicamente la necesidad de modernizar la normativa, señalando que la reforma no solo cumple con estándares internacionales, sino que también fortalece la capacidad del Estado para perseguir redes de crimen organizado y flujos financieros ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia.

La sesión de hoy definirá si el Congreso prioriza los intereses nacionales o si continúa atrapado en cálculos políticos de corto plazo. El margen de maniobra se estrecha conforme avanza el calendario. Los diputados tienen en sus manos la posibilidad de aprobar una ley que modernice las herramientas del Estado contra el crimen financiero, o bien pueden optar por prolongar un estancamiento que ya genera alarmas en organismos internacionales y sectores productivos. La decisión que adopten este martes enviará una señal clara sobre el tipo de compromiso que el Legislativo está dispuesto a asumir frente a desafíos que trascienden coyunturas partidarias y afectan directamente la credibilidad internacional de Guatemala.

Con información de República. Fuente original: República