MP investiga denuncias contra rector Mazariegos sin revelar avances
El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Contra la Corrupción mantiene bajo seguimiento las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas contra el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, junto a integrantes del Consejo Superior Universitario que permanecen en funciones pese a haber vencido sus periodos constitucionales.
El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Contra la Corrupción mantiene bajo seguimiento las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas contra el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, junto a integrantes del Consejo Superior Universitario que permanecen en funciones pese a haber vencido sus periodos constitucionales. Sin embargo, la institución que encabeza Consuelo Porras se negó a proporcionar información sobre el estado de las investigaciones o las diligencias realizadas hasta la fecha.
La respuesta del ente investigador, emitida tras varias solicitudes de información, se limitó a indicar que la fiscalía especializada realiza «diligencias correspondientes» y que únicamente comunicará aquellos avances que «estime pertinente» compartir. Esta hermeticismo contrasta con la gravedad de las acusaciones formuladas por la Contraloría, que incluyen permanencia ilegal en cargos públicos, modificación irregular de normativa universitaria y otorgamiento de titularidades docentes sin los procesos de oposición establecidos por ley.
Red MiHispano🍳recetas.crCocina ticaQué cocino hoy, resueltoVer receta →Las tres denuncias presentadas por la CGC documentan una serie de irregularidades que comprometen la institucionalidad de la principal casa de estudios superiores del país. Entre los señalamientos más graves figura la negativa del rector Mazariegos y su grupo de control en el CSU para convocar a elecciones de nuevos representantes, desacatando órdenes expresas tanto de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo como de la Corte de Constitucionalidad. Esta situación ha generado una crisis de legitimidad en la conducción universitaria, donde autoridades que debieron cesar funciones continúan tomando decisiones trascendentes para la institución.
La estrategia de Mazariegos para perpetuarse en el poder incluye la modificación de normativa interna mediante procedimientos que evadieron los controles constitucionales establecidos. Adicionalmente, bajo su gestión se otorgaron plazas de titularidad a docentes afines sin someterlos a los concursos de oposición que garantizan la idoneidad y transparencia en la selección del personal académico. Estas acciones no solo vulneran la autonomía universitaria genuina, sino que configuran un sistema de cooptación institucional donde las decisiones responden a intereses particulares antes que al proyecto educativo nacional.
Paralelamente al proceso en el Ministerio Público, la Contraloría solicitó al Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil que otorgue un amparo definitivo para anular la votación mediante la cual Mazariegos busca extender su mandato por cuatro años adicionales. Este amparo, promovido por la ciudadana Irayda Ruiz Bode, señala a la comisión de calificación del Cuerpo Electoral Universitario por validar la participación de electores del Colegio de Arquitectos pese a existir una orden judicial que mandaba repetir esa votación específica. El pasado 4 de mayo, la judicatura suspendió provisionalmente la reelección, dejando en el limbo la situación del rectorado.
La falta de respuesta concreta del MP sobre el avance de sus investigaciones plantea interrogantes sobre la voluntad institucional para actuar en casos que involucran estructuras de poder consolidadas. La Fiscalía Contra la Corrupción ha sido históricamente cuestionada por su selectividad al momento de ejercer la acción penal, privilegiando casos de menor relevancia mientras archiva o dilata expedientes que comprometen a sectores influyentes. En el contexto actual, donde la fiscal general Consuelo Porras enfrenta señalamientos internacionales por obstrucción a la justicia y persecución contra operadores de anticorrupción, la opacidad en el caso Mazariegos adquiere particular significación. La autonomía universitaria, principio constitucional que debe proteger la libertad académica y la gestión transparente de recursos públicos, no puede convertirse en escudo para prácticas antidemocráticas que debilitan la principal institución de educación superior del Estado guatemalteco.
Con información de La Hora. Fuente original: La Hora